Càrcer recupera una fianza de 87.000€ por las obras frustadas en Aldea Mayor.

El Ayuntamiento de Càrcer se ha incautado prácticamente diez años después de una fianza de 87.000 euros que la empresa constructora de la urbanización Aldea Mayor estableció por una ampliación del proyecto, antes, por supuesto, de que todo el plan urbanístico se viniese abajo. Tras años de litigios judiciales, el consistorio que dirige Josep Botella decidió poner el asunto en manos de un asesor privado (los técnicos de la Diputació de València dieron el caso por perdido), quien ha conseguido incautar esta cantidad, hecha efectiva por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como <>, que se hizo cargo de la gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas (BFA – Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco, Banco Gallego y Banco de Valencia) y de otras entidades en proceso de reestructuración o resolución. <>, argumenta e alcalde carcerino, Josep Botella.

La fianza procede de una parte del proyecto. Al parecer, la empresa constructora de la urbanización que se diseñaba en el término municipal de Càrcer quiso ampliar el área residencial y se estableció una fianza de 87.000€ para el caso de que no se ejecutara la obra, como finalmente sucedió.

La urbanización Aldea Mayor sigue siendo en la actualidad un importante lastre. <>, arguye Botella.

En la urbanización estaba previsto construir más de cien viviendas. Para ello, se habilitó una amplia zona de 120.000m2 y se empezó a dar forma a una cuarentena. Unas pocas se concluyeron, aunque con la crisis el resto quedaron a medias y con el tiempo han sido saqueadas. Otras siete decenas quedaron parcialmente construidas, así com también las calles, las canalizaciones de agua potable o los cableados eléctricos. Los técnicos del ayuntamiento calcularon al principio de la actual legislatura que los saqueos habían provocado daños por valor de 200.000€. Al principio se estableció seguridad privada para controlar la entrada a la urbanización pero la falta de perspectivas de que vuelva a reactivarse han disminuido las inspecciones.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Càrcer cree que, dado que las parcelas son privadas, la seguridad debe ser establecida por los propietarios, ya que, de lo contrario, el consistorio se ve obligado a prestar servicios por una urbanización que no disfruta nadie en la actualidad. <>, finiquita el alcalde de Càrcer.

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