El juzgado de instrucción número 7 de Alzira ha abierto una causa por un presunto delito de estafa en la gestión de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent en la que figura como imputado el expresidente de la sociedad, Aurelio Hernández, en su día alcalde de Càrcer y presidente del Partido Popular de la Ribera Alta. El procedimiento se inició en junio a raíz de una querella interpuesta por la actual junta de gobierno, que acusa a Hernández de haber cargado presuntamente gastos personales a las cuentas de la comunidad y de haberse apropiado supuestamente de otros fondos, ya que no ha encontrado documentación que justifique la asiganación de ese dinero.
La demanda se apoya en un informe pericial elaborado por un economista que ha detectado que, bajo el mandato de Hernández, que ejerció como presidente entre el 4 de octubre de 2007 y el 26 de noviembre de 2016, se produjeron <
Recibos de agua particulares
Hernández aludía como <
No obstante, el grueso de los 138.000 euros corresponde a <
Aurelio Hernández defendió ayer que el pago de sus cuotas como autónomo responde a un acuerdo de la junta de gobierno que, según asegura, también aprobó una serie de gratificaciones. <
La querella presentada por la comunidad alude a un par de número de teléfono y expresa la <
El informe pericial aportado junto a la demanda constata las <
La polémica por su gestión continúa dos años después de dejar la presidencia
Los últimos años de Aurelio Hernández al frente de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent han estado rodeados de una tensión permanente, con un grupo opositor aglutinado en torno a la Associació Compters Clars que ha denunciado de forma repetida supuestas irregularidades en la gestión del proyecto de modernización de regadios. Aurelio Hernández aseguró ayer haber ganado todas la denuncias – que cifró en más de veinte, mientras desde la asociación defendían que existe un procedimiento abierto en el juzgado número 5 de Alzira. Hernández dejó la presidencia en noviembre de 2016, pero las elecciones evidenciaron una comunidad partida en dos bloques. Ganó el sector afin al ya expresidente, aunque el nivel de crispación continuaba y la nueva junta rectora buscó un acuerdo con los críticos por el que les cedió una mayoría de puestos en la junta de gobierno, mientras conserba la presidencia.