Un juez investiga si el exlíder del PP cargó gastos privados a los regantes de Càrcer

El juzgado de instrucción número 7 de Alzira ha abierto una causa por un presunto delito de estafa en la gestión de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent en la que figura como imputado el expresidente de la sociedad, Aurelio Hernández, en su día alcalde de Càrcer y presidente del Partido Popular de la Ribera Alta. El procedimiento se inició en junio a raíz de una querella interpuesta por la actual junta de gobierno, que acusa a Hernández de haber cargado presuntamente gastos personales a las cuentas de la comunidad y de haberse apropiado supuestamente de otros fondos, ya que no ha encontrado documentación que justifique la asiganación de ese dinero.

La demanda se apoya en un informe pericial elaborado por un economista que ha detectado que, bajo el mandato de Hernández, que ejerció como presidente entre el 4 de octubre de 2007 y el 26 de noviembre de 2016, se produjeron <>, tanto en efectivo como mediante cheques, pagarés y transferencias a su nombre, a familiares o a empresas de su entorno (…) de las que no se ha obtenido soporte documental ni justificación de la razón de pago>> que ascienden a 138.079 euros. Aurelio Hernández declaró como investigado el pasado 14 de noviembre, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que indicaron que la causa por un presunto delito de estafa sigue en instrucción con la práctica de diligencias. Algunos miembros de su entorno familiar también figuran como investigados en este procedimiento. <>, proclamó ayer el exlíder comarcal del PP.

Recibos de agua particulares

Hernández aludía como <> al pago a través de la comunidad de unos recibos de agua de un domicilio particular en València, uno de los cargos sin justificar que recoge el informe pericial, en este caso, por importe de 373 euros. Este documento refleja como gastos <> de Hernández unos 8.000 euros entre los que destacan las cuotas a la Seguridad Social como autónomo de aproximadamente un año, cinco recibos de agua y gastos de teléfono móvil.

No obstante, el grueso de los 138.000 euros corresponde a <> – 112.200,86 euros, según el texto de la querella -, mientras que el técnico cifra en otros 14.000 euros las disposiciones en efectiva <> que, según el informe, carecen también de justificación documental >>pues no se corresponden a servicios, trabajos, deudas… de la comunidad que justifiquen el pago>>.